La participación en el convenio es libre para aquellos ayuntamientos interesados y el gobierno de Sada se sumó a esta actuación el pasado 20 de mayo cuando comunico su decisión de adhesión, aunque como recuerda el alcalde de Sada, Benito Portela, “este convenio tampoco garantiza un bajo precio de la vivienda para los inquilinos en todos los casos”.
Cinco municipios del área metropolitana de A Coruña se unieron ayer al programa de Vivendas Baleiras de la Xunta, que les permitirá destinar los inmuebles desocupados de sus localidades a atender a las familias con dificultades.
La responsable de Vivenda del Gobierno Autonómico, Ethel Vázquez, acompañada del delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, firmó ayer con el alcalde de Sada, Benito Portela, y los alcaldes de Abegondo, Arteixo, Cambre y Betanzos, el acuerdo de adhesión a esta iniciativa, coordinada con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
Precisamente fue en Junta de Portavoces de la Fegamp donde el alcalde de Sada, que actúa como vocal, solicitó que se incluyese una modificación en el convenio de Vivendas Baleiras por la que se permiten ayudas desde los ayuntamientos para complementar el pago de la renta de los beneficiarios de las viviendas.
Vázquez celebró la incorporación de estos municipios y destacó la importancia de este acuerdo. “Son as áreas metropolitanas das grandes cidades as que rexistran un maior número de problemas coa vivenda”, apuntó.
El gobierno de Sada decidió firmar este programa enfocado en la ayuda a personas y familias en riesgo de exclusión social, dentro del convenio de colaboración para el desarrollo del programa de viviendas vacías en el ámbito del Plan Gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-2020.
Con este acuerdo se busca poner inmuebles desocupados del municipio a disposición de personas y familias en riesgo de exclusión social y de manera prioritaria, a las afectadas por procedimientos de ejecuciones hipotecarias o por desahucios por impago de la renta de alquiler de su vivienda habitual.
La participación en el convenio es libre para aquellos ayuntamientos interesados y el gobierno de Sada se sumó a esta actuación el pasado 20 de mayo cuando comunico su decisión de adhesión, aunque como recuerda el alcalde de Sada, Benito Portela, “este convenio tampoco garantiza un bajo precio de la vivienda para los inquilinos en todos los casos”.
El ayuntamiento de Sada deberá movilizar inmuebles desocupados para destinarlos a alquileres sociales. Los inmuebles podrán ser tanto de titularidad municipal como otros que puedan disponerse libremente para su uso y deberán estar libres de cargas y gravámenes que impidan su arrendamiento. También podrán incorporarse las viviendas protegidas que cumplan los requisitos señalados siempre que, como consecuencia de su calificación, no estén sometidas a ninguna prohibición para arrendarlas.
Estas viviendas se adjudicarán a personas vulnerables de manera compatible con otras ayudas públicas. La Xunta aportará todas las garantías necesarias para esas viviendas mediante un seguro multiriesgo del hogar y un seguro de garantía del cobro de la renta en las mensualidades impagadas que incluye asistencia y defensa jurídica.
La garantía prestada a través de los seguros tendrá una duración máxima de tres años a contar desde la formalización del correspondiente contrato de arrendamiento.
Portela señaló que gracias a este programa “Sada se dota de más recursos para proteger el derecho constitucional de todos los ciudadanos la una vivienda.”
A partir de ahora con el convenio firmado el ayuntamiento de Sada deberá elaborar una propuesta de selección de de arrendatarios y de adjudicación de viviendas y remitirla al IGVS para someterla a la correspondiente Comisión de Seguimiento y Coordinación.
Los arrendatarios deberán encontrarse en una situación que suponga una dificultad para acceder a una vivienda en alquiler en el municipio y acreditar ingresos mínimos o de ayudas que les permitan hacer frente los deberes económicos que deriven del contrato de arrendamiento. Ademáis no podrán tener parentesco hasta segundo grado con las personas arrendadoras.
Tendrán preferencia las unidades familiares, o de convivencia, afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria así como las afectadas por un procedimiento judicial de desahucio por impago de rentas de su vivienda habitual También tendrán preferencia las unidades familiares que tengan hijos menores así como familias numerosas o monoparentales con hijos a cargo o en las que existan mujeres víctimas de la violencia de género, personas mayores de 65 años o personas dependientes.
Otra de las preferencias a la hora de acceder al alquiler de inmuebles será la dificultad de asumir el costo del arrendamiento de una vivienda cuando las unidades familiares fuesen privadas de su vivienda habitual por daños sufridos derivados de una circunstancia imprevisible como poder ser una inundación.
El convenio especifica ademáis que en el procedimiento de adjudicación de viviendas se establece un precio máximo de renta de alquiler que no podrá ser superior a los 300€ en el caso de Sada.