- El gobierno de Sada decidió firmar este programa enfocado en la ayuda a personas y familias en riesgo de exclusión social.
- El alcalde de Sada, Benito Portela, se entrevistará en los próximos días con Heriberto García Puerto, director del Instituto Gallego de la Vivenda e Solo para preparar el convenio del programa.
Sada, 23 mayo 2016.
El Ayuntamiento de Sada se une a la firma, a través de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, con el Instituto Gallego de Vivenda e Solo (IGVS) del convenio de colaboración para el desarrollo del programa de viviendas vacías en el ámbito del Plan Gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-2020.
La Ley de vivienda de Galicia establece que las administraciones públicas podrán adoptar medidas dirigidas a impulsar la puesta en el mercado de viviendas en alquiler de viviendas vacías, con el objetivo prioritario de favorecer el acceso a la vivienda a colectivos singulares, mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores y personas nuevas que pretendan acceder a la vivienda por primera vez.
Con este acuerdo se busca poner inmuebles desocupados del municipio a disposición de personas y familias en riesgo de exclusión social y de manera prioritaria, a las afectadas por procedimientos de ejecuciones hipotecarias o por desahucios por impago de la renta de alquiler de su vivienda habitual.
La participación en el convenio es libre para aquellos ayuntamientos interesados y el gobierno de Sada está de acuerdo en sumarse a esta actuación aunque como recuerda el alcalde de Sada, Benito Portela, “este convenio tampoco garantiza un bajo precio de la vivienda para los inquilinos en todos los casos”.
Portela solicitó la pasada semana una reunión en el IGVS para adherirse al programa y comenzar el procedimiento que finalizará con la firma del acuerdo de adhesión.
El ayuntamiento de Sada deberá movilizar inmuebles desocupados para destinarlos a alquileres sociales. Los inmuebles podrán ser tanto de titularidad municipal como otros que puedan disponerse libremente para su uso y deberán estar libres de cargas y gravámenes que impidan su arrendamiento. También podrán incorporarse las viviendas protegidas que cumplan los requisitos señalados siempre que, como consecuencia de su calificación, no estén sometidas a ninguna prohibición para arrendarlas.
Estas viviendas se adjudicarán a personas vulnerables de manera compatible con otras ayudas públicas. La Xunta aportará todas las garantías necesarias para esas viviendas mediante un seguro multiriesgo del hogar y un seguro de garantía del cobro de la renta en las mensualidades impagadas que incluye asistencia y defensa jurídica.
La garantía prestada a través de los seguros tendrá una duración máxima de tres años a contar desde la formalización del correspondiente contrato de arrendamiento.
Portela señaló que gracias a este programa “Sada se dota de más recursos para proteger el derecho constitucional de todos los ciudadanos la una vivienda.”
Una vez firmado el convenio el ayuntamiento de Sada deberá elaborar una propuesta de selección de de arrendatarios y de adjudicación de viviendas y remitirla al IGVS para someterla a la correspondiente Comisión de Seguimiento y Coordinación.
Los arrendatarios deberán encontrarse en una situación que suponga una dificultad para acceder a una vivienda en alquiler en el municipio y acreditar ingresos mínimos o de ayudas que les permitan hacer frente los deberes económicos que deriven del contrato de arrendamiento. Ademáis no podrán tener parentesco hasta segundo grado con las personas arrendadoras.
Tendrán preferencia las unidades familiares, o de convivencia, afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria así como las afectadas por un procedimiento judicial de desahucio por impago de rentas de su vivienda habitual También tendrán preferencia las unidades familiares que tengan hijos menores así como familias numerosas o monoparentales con hijos a cargo o en las que existan mujeres víctimas de la violencia de género, personas mayores de 65 años o personas dependientes.
Otra de las preferencias a la hora de acceder al alquiler de inmuebles será la dificultad de asumir el costo del arrendamiento de una vivienda cuando las unidades familiares fuesen privadas de su vivienda habitual por daños sufridos derivados de una circunstancia imprevisible como poder ser una inundación.
El convenio especifica ademáis que en el procedimiento de adjudicación de viviendas se establece un precio máximo de renta de alquiler que no podrá ser superior a los 300€ en el caso de Sada.